Imprimir
Categoría: Artículos
Visto: 2198

Ratio: 5 / 5

Inicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activado
 

 

Cuando en un país uno tiene que explicar que las empresas tienen un fin social es que algo no marcha bien. El liberalismo, la doctrina que triunfó tras el fin de la II Guerra Mundial, ha tenido desde entonces tiempo para adoctrinar a la población en dos ideas básicas. A saber: que la empresa privada siempre está mejor gestionada que la pública y que la primera tiene como único objetivo la obtención de beneficios. Cualquiera de estas dos ideas es falsa aunque su apariencia sea la de una verdad constatable, incontestable.

 


Empecemos.


El problema de la gestión dependerá siempre de que el gestor sea bueno o malo. Gestores buenos los hay en la empresa pública y en la privada. Y lo mismo ocurre con los malos. Se dice que en la privada, al tener que presentar resultados ante la junta de accionistas se está obligado a la buena gestión o, en el peor de los casos, a la gestión responsable. En la pública el dinero es de todos y, por lo tanto, dicen, de nadie. En la empresa pública los accionistas somos todos, que es diferente. Por tanto el celo del gestor público debiera ser mucho mayor que en la privada. Tradicionalmente, en otros países, la mala gestión de los asuntos públicos, no digamos ya el ser sorprendido en estafa, malversación, robo, tráfico de influencias o cohecho, o cualquiera de los delitos que hoy nos gusta sacar en los papeles a los periodistas, conllevaba la vergüenza para uno y para su descendencia, el oprobio, el destierro al ostracismo e incluso el harakiri. Aquí, en España, se solventa con unos días de prisión (realmente muy pocos para la gravedad del delito), suele no recuperarse nada de lo malversado e, incluso, como el juez no se ande con ojo, puede acabar inhabilitado si tiene la osadía de mandar a algún banquero a chirona.


Siendo esto gravísimo no supone tanto deterioro para la nación como la segunda de las afirmaciones. No, el único fin de la empresa no es la obtención de beneficios para el accionariado. Es tan falso como asegurar que Dios quiere más a los ricos que a los pobres y que, de alguna manera, el poderoso ya se ha ganado el favor de Dios. Calvinismo puro que funciona de maravilla en países calvinistas o de influencia calvinista. En España, pese a quien pese, católica, ni se puede ni se debe sostener semejante estupidez. La empresa cumple, ante todo, un bien social. Lo afirma nuestra constitución del 78 al afirmar primero la necesaria protección de la iniciativa privada y, más tarde, al garantizar (papel mojado como puede comprobarse) la dignidad del trabajo y el salario justo para el trabajador. Como concesión que es del Estado, la iniciativa privada está obligada a la consecución de puertos de trabajo dignos y dignamente remunerados. Es el contrato tácito que firma el Estado con el individuo que pretende beneficiarse de la explotación de recursos nacionales. Por tanto, y aunque desde el punto de vista del empresario la empresa se monte para obtener beneficios, estos están condicionados a la prestación de un bien social exigencia del Estado: puestos de trabajo que dignifiquen la persona, que permitan el desarrollo de la vida en sociedad. Pero esta obviedad no demuestra sólo la miopía de los empresarios liberales al mirar el drama real del empleo sino la ceguera absoluta del estado liberal, centrado y preocupado no en sus ciudadanos, aquellos de los que dice recibir el poder, sino en cuidar de sus engranajes de corrupción y tenerlos bien engrasados.

 

Juan Manuel Pozuelo