Cuando, en la célebre novela de George Orwell 1984, O´Brien tortura a Winston, le aplica tanto dolor que este se siente incapaz de contar el número de dedos que el torturador extiende frente a sus ojos. Winston no miente: el atroz sufrimiento le induce a verlo todo borroso. O´Brien sonríe satisfecho, porque el objetivo del suplicio no es el dolor, sino inducir a la confusión entre lo verdadero y lo falso. Será cuestión de tiempo que su víctima vea la cantidad de dedos que deba ver.

En España hubo, sí, un genocidio durante la guerra civil: la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos religiosos, tal y como lo define el derecho penal internacional. Ese genocidio tuvo por protagonista a las fuerzas de izquierda, en particular a las revolucionarias, pero también a las republicanas que, en su fingida moderación, brindaron el arsenal intelectual a los genocidas. Los partidos del Frente Popular perpetraron un genocidio, lo ampararon y justificaron; genocidio que, nunca está de más recordarlo, se llevó a cabo contra los católicos.

Y, sin embargo, cuando en la España de hoy oímos hablar de fosas, de cunetas y de fusilamientos contra las tapias de los cementerios, siempre suponemos los mismos uniformes a los verdugos y la misma filiación política a las víctimas. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo es posible que el nombre de José Antonio –quien escribió en su testamento algunas de las más bellas palabras sobre la reconciliación entre los españoles- haya sido borrado de la vida pública de España mientras que Santiago Carrillo es hijo predilecto de Gijón?

Los verdugos conservan sus estatuas y sus plazas y calles; sus hijos políticos son quienes, hoy, dictan las normas con el desparpajo que concede la impunidad

¿Cómo es posible que Calvo Sotelo, asesinado por la izquierda antes de la guerra, sea privado de todo reconocimiento por los herederos de los mismos que le asesinaron, cuando una estalinista como Dolores Ibárruri tiene plazas y calles en varias localidades de España?¿Por qué un golpista y un traidor como Companys goza de tan amplio reconocimiento público al menos en una región de España tan señera como Cataluña?

El que se hayan propuesto eliminar hasta el recuerdo de los mártires, sin que les tiemble siquiera el belfo, significa que en España los verdugos pisotean la memoria de las víctimas. Los verdugos conservan sus estatuas y sus plazas y calles; sus hijos políticos son quienes, hoy, dictan las normas con el desparpajo que concede la impunidad.

No ha faltado, desde luego, la consabida campaña lacrimógena que acompaña de oficio a las reivindicaciones izquierdistas y que, admitámoslo, da magníficos dividendos, con búsqueda de fosas incluida, en las que supuestamente yacen los restos de miles de fusilados de un solo bando, desde luego. Incluso han tratado de relacionar las tristes desapariciones de bebés con el franquismo, aunque en esa jugada no llevaran buenas cartas.

La Ley de Memoria Histórica ha supuesto un respaldo moral de primer orden

Han tejido una red de la que resulta muy difícil escapar. A través de la incautación –también en esto- del lenguaje, han impuesto términos que hoy nos resultan tristemente familiares, como “desaparecidos”, “memoria” o “revisionismo”, que preparan el terreno para la proscripción de la disidencia y la verdad.

Partido Popular: una inmensa responsabilidad

El cambio en el callejero no exige una ley de memoria histórica; los ayuntamientos tienen las atribuciones legales para acometer su reforma sin necesidad de una norma de rango superior como esta que lo justifique. Cierto. Pero es indudable que la Ley de Memoria Histórica ha supuesto un respaldo moral de primer orden y, de hecho, es a lo que se ha acogido el ayuntamiento de Madrid para justificar la medida.

Es una venganza y un intento de adulterar la historia. Para ellos, la tan pregonada en otros tiempos reconciliación era solo una estación de tránsito antes de llegar a destino

La responsabilidad del PP es inexcusable, por cuanto en cuatro años no han tocado una sola coma y la han mantenido, a sabiendas de que se trataba de una ley inicua. Por lo demás, la eficacia de su cobardía ha quedado perfectamente retratada en las urnas.

La ley nada tiene que ver con la recuperación de ninguna memoria y menos con la reconciliación. Es una venganza y un intento de adulterar la historia. Para ellos, la tan pregonada en otros tiempos reconciliación era solo una estación de tránsito antes de llegar a destino, que no era sino la más vil de las venganzas. Venganza que han podido ejecutar gracias a la complicidad –pues ya no cabe hablar de dejadez- del Partido Popular y que cuenta, además, con el mezquino aplauso de Ciudadanos.

En el camino, han convertido al Parlamento en una institución que aprueba leyes totalitarias, pues no de otra manera cabe interpretar la que dictamina cómo ha de ser nuestro pasado. Y han obligado al monarca a firmar su propia ilegitimidad -lo que ya hizo un PP también con mayoría absoluta, y con Aznar de presidente, cuando condenó el Alzamiento de media España el 18 de julio- en un acto que compromete peligrosamente a la corona.

No se entiende bien lo repentino de la alarma por los cambios que está acometiendo el actual equipo municipal de Madrid, orwelliano ejercicio de ingeniería social al fin y al cabo consecuencia de largas décadas de iniquidad intelectual. Un ejercicio de amnesia selectiva impuesto por quienes copan el poder, que han conseguido hacernos ver cuatro dedos allá donde hay cinco.

Este debate nunca debió ser político. Debió ser siempre un debate intelectual, sobre el que no corresponde pronunciarse al parlamento. Debió dejarse para la discusión entre historiadores o, en todo caso, entre intelectuales. Su politización es, precisamente, lo que muestra la naturaleza de quienes lo agitan, pues politizarlo todo es el signo distintivo del totalitario.