Desde la muerte de Franco hasta no hace muchos meses, la monarquía juancarlista ha tenido como principal aval en España el hecho de ser un factor de estabilidad política. En las repetitivas encuestas realizadas por empresas demoscópicas y medios de comunicación a los ciudadanos españoles, el reinado de Juan Carlos I se ha venido identificando como el marco necesario para el desarrollo de la democracia parlamentaria y para la alternancia política de los partidos.
Tras los años de vino y rosas de la Transición y del primer gobierno socialista, el Rey (elevado a los altares del Sistema por su aparición televisiva el 23 de febrero de 1981) ha venido siendo una figura incontestada, intocable, tanto en los medios de comunicación como en las demás instancias representativas de la opinión pública. Sólo en los últimos años, a raíz de la aparición de noticias relacionadas con la vida privada de don Juan Carlos, parece haberse levantado la veda.
La imputación de la Infanta Cristina, hace unos días, por parte del juez instructor del caso Noos, el magistrado José Castro, es un hecho de una gravedad extraordinaria. Es la primera vez que un miembro de la Familia Real española es imputado judicialmente. Bien es cierto que una imputación no equivale a ser culpable; también es cierto que los argumentos esgrimidos ahora por Castro parecen muy poco consistentes, toda vez que además de no concretar delito alguno en la figura de Doña Cristina, incurre en varias contradicciones en relación a lo que él mismo dispuso hace sólo unas semanas.
El fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, que ha llevado el peso de la investigación junto al propio Castro, ha realizado un recurso en el que, dentro de la máxima corrección formal, rebate los argumentos del magistrado explicando que "sólo hay indicios equívocos, inocuos y sospechas personales" contra la Infanta, pero no pruebas ni acusaciones concretas sobre delitos tipificados como tales en el Código Penal. Según el fiscal, "conocer no es delito", y por tanto, mientras no se demuestre que Doña Cristina tomaba decisiones o participaba de alguna forma en el día a día del Instituto Noos, su imputación atenta contra el principio de igualdad y, por tanto, es discriminatorio con la hija del Rey.
El asunto, insisto, es de una gravedad extrema. Tanto que la Infanta, en este caso imaginamos que aconsejada entre otros por su padre, ha solicitado los servicios jurídicos de Miguel Roca Junyent, uno de los padres de la Constitución y referencia del nacionalismo catalán, para que se haga cargo de la defensa de Doña Cristina. De momento, lo que ha conseguido el recurso del Fiscal Anticorrupción es retrasar de momentosine diela declaración de la esposa de Iñaki Urdangarin que había sido fijada en un primer momento para el próximo 27 de abril. Finalmente, ha sido el propio juez Castro quien ha decidido retrasar la comparecencia judicial.
Imputar a un miembro de la Familia Real no significa necesariamente que uno sea un buen juez. Esa supuesta valentía que, según personas conocedoras del caso, querría demostrar Castro sólo puede tranquilizar a insensatos y descerebrados, a personas con nulo sentido de la Justicia. La Justicia no es mejor ni más justa por el hecho de "atreverse" con los poderosos. La Justicia es mejor y más justa cuando ofrece verdaderas garantías jurídicas, cuando hace acusaciones basadas en pruebas ciertas y concretas, en acusaciones que se pueden demostrar. A mí, francamente, me tranquiliza poco pensar que estamos en manos de jueces "osados", si es que fuera el caso. Lo que me tranquilizaría sería saber que estamos en manos de jueces justos.
Por otra parte, es inquietante el silencio del entorno de la Infanta Cristina. Tras su imputación, sólo hemos tenido noticia de un portavoz de la Casa Real expresando una notable decepción por el cambio de criterio del juez Castro, declaración a la que siguió un discurso del Príncipe Don Felipe, en la Escuela Judicial, elogiando la labor de los jueces y subrayando la importancia de que puedan hacer su trabajo con independencia. ¿Podemos realmente los ciudadanos pensar que Urdangarín hacía y deshacía completamente a espaldas y sin conocimiento de su esposa?, ¿hasta qué punto el hecho de que la Infanta supiese que el yerno del Rey estaba usando su influencia para realizar actividades presuntamente delictivas la involucra también a ella en el caso Noos?
Lo que sí parece indiscutible es que esta noticia va a tener sus consecuencias, sea cual sea el resultado final de la imputación. Este "jaque" a la monarquía está provocando movimientos en los partidos políticos con aspiraciones republicanas, e incluso buena parte de la ciudadanía empieza a temerse que no llegue nunca a reinar Felipe VI. El deterioro de la imagen pública de don Juan Carlos, y por ende del conjunto de la Familia Real, es en estos momentos lo contrario de lo que venía siendo en anteriores décadas, es decir, un factor de inestabilidad política y social que desde luego preocupa, y mucho, al actual Gobierno del PP.
Quizá lo peor de todo, lo más desconcertante, es la falta de una respuesta clara y concreta a las distintas acusaciones que se vienen realizando contra la Familia Real. Ni el Jefe del Estado, ni el Jefe de la Casa Real, ni sus responsables de Comunicación, ni los distintos asesores y consejeros han hecho llegar a la sociedad española el más mínimo argumento que contribuya a su tranquilidad. Muy al contrario. Los inexplicables silencios, las explicaciones inconsistentes y la ausencia de un criterio único lo que consiguen es acrecentar día a día la impresión de que nos encontramos ante la más grave crisis de la monarquía española desde hace muchos, muchos años.
Rafael Nieto es el director del programa de debate “Sencillamente Radio” de Radio Inter de Madrid (programa que se emite todos los domingos de 08:30 a 11:30 horas en esa emisora en el 918 de AM, Internet: www.radiointer.com ), y en el que participan habitualmente distintos militantes del Sindicato TNS.
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