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Quienes se empeñan en falsear groseramente la Historia de España (con creciente riesgo de ponerse en ridículo), afirmando poco menos que sólo desde el advenimiento de la democracia liberal parlamentaria ha logrado España un grado suficiente de paz, prosperidad y progreso, deben estar pasando, ciertamente, por una mala racha. Porque sostener esa grosera mentira, que se da de bruces con lo que realmente ha ocurrido en España, en medio del actual carajal en que se ha convertido nuestra amada patria, requiere, indudablemente, de un intenso ejercicio de hipocresía.

 

Se nos alecciona, a quienes no tragamos con las mentiras de consenso, en el noble arte de la democracia participativa (esto es, en acudir a las urnas cada cuatro años) mientras observamos cómo: ni hay separación de poderes, ni hay independencia de la Justicia, ni hay control de los principales poderes del Estado, ni hay rastro de la presunta igualdad ante los tribunales de la que hablaba incluso el anterior monarca. Es decir, no se cumple prácticamente ninguna de las condiciones objetivas que debe tener una democracia para serlo.

 

Pero es que por si fuera poco, aquellas instituciones cuya existencia se justifica en la defensa de los más débiles, como puede ser por ejemplo el colectivo de víctimas del terrorismo, no sólo no cumplen casi nunca con su deber, sino que, al contrario, acostumbran a defender al reo descaradamente y, a la vez, menosprecian el dolor de las víctimas, demostrando una falta de sensibilidad verdaderamente espeluznante.

 

Es el caso del magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, que esta semana se ha atrevido a hacer afirmaciones que, a pesar de los pesares, han causado verdadero estupor. Decía De Prada que las penas que se imponen a los asesinos terroristas son "altas y desproporcionadas" y que hay un régimen de cumplimiento de penas "totalmente desigual al del resto de presos". No contento con eso, añadió también que no es exigible que los asesinos pidan perdón a las víctimas y que ese perdón implique una necesidad de arrepentimiento.

 

Los disparates no pueden ser más grandes. Son palabras que causarían vergüenza ajena dichas por un ciudadano normal; pero es que dichas por un juez de la Audiencia Nacional (tribunal creadoex profesopara juzgar crímenes terroristas o de narcotráfico) resultan sencillamente alucinantes, y por supuesto indignantes.

 

En primer lugar, es muy grave que un magistrado de la Audiencia Nacional no comprenda la diferencia entre un asesinato terrorista y cualquier otro tipo de crimen. Su pretensión de hacer tabla rasa con todos los presos, como si todos los delitos tuvieran la misma gravedad, es un disparate inconcebible en alguien que tenga terminada la carrera de Derecho, como se le presume a este individuo. En segundo lugar, quitar valor e importancia a la petición de perdón por parte de los asesinos es un verdadero insulto a las víctimas del terrorismo, a sus familias y, por extensión, a la propia memoria de todos los asesinados por ETA.

 

Con declaraciones como éstas, con magistrados así, ¿cómo podemos esperar que realmente pueda acabarse con la lacra del terrorismo en España? Casi siempre criticamos a los políticos, a su debilidad, a su inacción, a veces incluso a sus devaneos con el entorno etarra y separatista. Pero pocas veces reparamos en estos otros actores, los jueces, no precisamente secundarios, que lejos de luchar decididamente para derrotar a los asesinos y reescribir correctamente la historia reciente del terrorismo, se dedican a hacerles (al menos, indirectamente) el caldo gordo.

 

Las vergonzosas declaraciones ya han sido respondidas, entre otros, por la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, quien aseguró que lo que es desproporcionado es el número de víctimas del terrorismo, y el número de crímenes que continúan sin ser aclarados. De eso es de lo que tienen que ocuparse los jueces españoles: de hacer bien su trabajo, de luchar contra el delito y de que los delincuentes paguen en la cárcel por lo que han hecho, por las vidas que han destrozado y por las familias que han roto. Eso es lo que esperamos los españoles si de verdad tenemos que creernos que, como nos dice la casta, sólo la democracia es el sistema que nos garantiza la paz, la prosperidad y el progreso.

 

Y hoy preguntamos a los oyentes de Sencillamente Radio: ¿consideran a los jueces culpables, al menos en parte, de que España no haya conseguido aún acabar con la lacra del terrorismo?

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 Rafael Nieto es el director del programa de debate “Sencillamente Radio” de Radio Inter de Madrid (programa que se emite todos los domingos de 08:30 a 12 horas en esa emisora en el 918 de AM, 93,50 de FM e Internet: http://www.intereconomia.com/oir-radio-inter ), y en el que participan habitualmente distintos militantes del Sindicato TNS.