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No creo que, a estas alturas, sorprenda a nadie la menguada gallardía con que se desempeña un defensor del pueblo llamado Francisco Fernández Marugán, treinta años en el PSOE; ni creo que tampoco admire a nadie que fuese su antecesora en el cargo, Soledad Becerril, (cuatro décadas largas en la mamandurria, señora marquesa) quien ejecutase en primera instancia esa vasallática requisitoria al ayuntamiento de Boadilla del Monte para eliminar del callejero a “José Antonio”.

Lo que sí llama la atención es el denuedo con que ambos se han producido en este caso. No por su sintonía, claro está. Sino por la perversa aplicación que los titulares de dicha figura -la del defensor del pueblo, teórica protección de este ante los abusos de la administración – hacen de su función, súbitamente arrebatados por una socrática pasión ordenancista, tan irrefrenable que les lleva a ignorar la voluntad de una inmensa mayoría de boadeños.

En su muy acuciante admonición al consistorio madrileño para que no demore los plazos de aplicación de la ley mediante subterfugios, y en medio de tanto desvarío, en una cosa sí que ha acertado el defensor del pueblo: que la citada vía de nombre “José Antonio” no se refiere sino a Primo de Rivera. A nadie, salvo a Fernández Marugán, se le habría pasado por la cabeza otra cosa: es caso raro en la historia española que alguien sea conocido por su nombre de pila, sin añadidos, por más que José Antonio los tuviera, y sobrados. Porque eso – seguro que a Marugán no se le escapa -, es muestra del cariño que generaciones enteras de españoles le han profesado.

 

El defensor del pueblo, en cambio, nunca será Francisco. Podrá aspirar a Fernández Marugán, si es que ingresa en alguna otra historia que no sea la de la infamia. Podrá aspirar, todo lo más, a una minúscula nota a pie de página en la que figuren su primer y segundo apellidos, costumbre que en España se reserva para los árbitros de fútbol y en Estados Unidos para los serial killers y los asesinos famosos.

 

Pero aunque a Fernández Marugán no le guste, en nuestra más trágica y reciente historia, la de José Antonio es la estampa de la nobleza misma, de una nobleza que, acaso, este tiempo envilecido sea incapaz de honrar. En épocas de más envergadura, numerosas gentes de la izquierda –y algunas menos, de la derecha –celebraron su honestidad y altura personal con la fascinada estima que sus correligionarios actuales, mezquinos e ignorantes, hoy le regatean.

 

Aún antes de los episodios finales de su vida, que le granjearían el universal aprecio, José Antonio conquistaría, por su valor y prestancia, el respeto de sus oponentes; uno de ellos, Claude Bowers, embajador gringo en España, que en cierta ocasión le oyese relatar con infantil regocijo el atentado de que acababa de ser objeto concluyó, rendido: “era de la pasta de los mosqueteros de Dumas”.

 

Los días postreros, que pasó preso, agrandaron su figura humana. Tuviera José Antonio la parte que tuviera en la génesis de la violencia que cristalizó en la exasperación del verano del 36– mucho menor, en todo caso, que la de la mayoría de dirigentes de la izquierda socialista y republicana– la resarció con creces urgiendo desde la cárcel el fin de la matanza cainita que devastaba los campos de España, ofreciéndose como mediador entre ambos bandos y dejando para ello en prenda a sus parientes en zona enemiga.

 

Incluso fantaseó con un gobierno de concentración nacional, considerablemente escorado hacia la izquierda republicana, con tal de salvar la paz de España: aquello, un imposible, no salió, pero mostró la verdad de su humanidad y de su patriotismo. Sobre ello volvió cuando, seguro de su muerte, redactó aquel testamento -que no puede sino conmover las fibras más íntimas de cualquier bien nacido- en el que deseó, por encima de cualquier cosa, que fuese la suya la última sangre española derramada en discordias civiles.

 

Pues bien: mientras esto se persigue con saña predatoria, no es que no se aplique la ley a un Largo Caballero, que prometió una guerra civil por todo programa si la derecha ganaba las elecciones de febrero de 1936, o a un Indalecio Prieto que reconoció paladinamente, primero; y arrepentido, después, su papel en la revolución de Asturias de 1934, no: es que los miembros del mismo partido al que pertenecieran el uno y el otro son quienes exigen la erradicación hasta de la sombra del recuerdo de José Antonio. Porque en España, los verdugos siguen persiguiendo los despojos y aún los fantasmas de sus víctimas, ochenta años después.

 

Entre tanto, y como grotesca guinda de esta siniestra astracanada, el ayuntamiento de Boadilla ha anunciado su intención de rebautizar la calle como Juan Carlos I, de quien no puede decirse sea precisamente ajeno a la historia del franquismo.

 

Es, por si hiciera falta, la enésima demostración del sectarismo propio de la llamada ley de memoria histórica. Una ley firmada por quien cuesta creer no cayese en la cuenta de que, en su lógico devenir, la misma terminará por excluir – no ya del callejero, sino de la misma jefatura del Estado- a quien un mal día la suscribió con su insensata rúbrica.

 

 

Fernando Paz